Consejero de Educación PSOE RIOPEDRE de Asturias, a la carcel.

La juez empieza a pedir a los colegios las cuentas de gestión de los últimos dos años

Varios directores de centros han recibido citaciones judiciales para justificar sus «gastos de funcionamiento» en 2009 y 2010

Sábado 2 de Abril de 2011

Gijón / Oviedo,
R. G. / L. Á. V. / P. G.

La «operación Marea» no se detiene. Ana López Pandiella, la magistrada que investiga una supuesta trama de adjudicación irregular de contratos en la Administración regional, ha solicitado a colegios de toda Asturias cuentas de gestión de los últimos dos años. La Consejería de Educación envió hace días a los centros un correo electrónico en el que explicaba a los directores de los centros de la comunidad dónde podían obtener estos datos en la red informática. Algunos han recibido ya citaciones judiciales.

La magistrada que dirige la «operación Marea» contra la corrupción ha solicitado a los colegios facturas de los «gastos de funcionamiento», así como «extractos bancarios acreditativos de los mismos» en los años 2009 y 2010. Esta petición se produce después de que la Consejería de Educación remitiera a la juez decenas de documentos en los que se recogían los contratos firmados durante los últimos diez años en esta institución con alguna de las empresas implicadas en la trama. Mientras, los tres imputados que permanecen en libertad con cargos por estos hechos -el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, el propietario de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el dueño de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez- acudieron ayer a firmar en los Juzgados de Gijón. El último en llegar fue ex consejero. Iglesias Riopedre, libro en mano, abandonó la sede judicial gijonesa de Poniente sin hacer declaraciones. El que fuera máximo responsable de Educación, en libertad bajo fianza de 100.000 euros después de que la Audiencia aceptara su excarcelación, sólo contestó un «muy bien, gracias» cuando los periodistas le preguntaron acerca del descanso que ha disfrutado con su familia en Galicia tras abandonar la cárcel de Villabona, en la que aún siguen la que fuera su número dos, María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo Avilés.

El Juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo continúa tramitando el concurso de acreedores de Igrafo. La «mala situación económica» de la empresa debido a la crisis y a su participación en el caso ha obligado a sus responsables a acudir a los Juzgados, en donde ya se han nombrado dos administradores concursales: el abogado Jesús Riesco Milla y el economista Faustino González Cueva. Fuentes cercanas a la compañía afirman que «ya están muy adelantadas las negociaciones con los acreedores para salir del concurso con convenio anticipado». Gracias a esta fórmula, la empresa podría salir de su mala situación económica en «poco más de un mes».

La Audiencia Provincial traslada a Oviedo la investigación de la ´operación Marea´


La sala ha decidido el traspaso de la causa de los juzgados de Gijón a la capital tras el recurso de parte de los imputados

12:46 Oviedo / JC Martínez

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha decidido trasladar la investigación de la "operación Marea" a los juzgados de Oviedo. Así lo ha dictaminado la sala después de analizar los recursos interpuestos por parte de los imputados en el que solicitaban la inhibición de la jueza titular de la sala número 4 de instrucción de Gijón en favor de los juzgados de la capital.

La solicitud realizada por las defensas de la exfuncionaria Marta Renedo, la que fuera Directora General, María Jesús Otero, los dos empresarios implicados, y la propia fiscalía, ha sido estimada; aunque no ha ocurrido lo mismo con el recurso por el cual se solicitaba la nulidad de las actuaciones realizadas.

Sentencia la sala de la Audiencia Provincial que este traslado de la causa se fundamenta en que el delito de mayor gravedad de todos los imputados (el de malversación de caudales públicos, castigado con hasta 8 años de prisión) habría sido cometido en Oviedo, por tener sede en esta ciudad la administración del Principado de Asturias. Sobre los motivos esgrimidos por la titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, Ana López Pandiella; la sección octava reconoce que la investigación debía ser abierta en Gijón, por ser la ciudad en la que se interpuso la primera denuncia que acabó desembocando en dicha operación, pero vincula la comisión del resto de delitos a Oviedo.

De este modo será el juzgado de instrucción de turno en la capital el que deba asumir la continuidad en las investigaciones abiertas en su día en Gijón y por las que también está imputado el que fuera Consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre.

Cita de david_1

pues veo las noticias de la sexta y no me he entetado .menudos hijos de puta

Cita de carrio

acerquense les elecciones bobu...

vaya tomadura pelo, espero q siga saliendo la noticia en los medios en plenes elecciones

Cita de JG&JE

Hace poco me enteré, por forocoches, de la historia de este tío. Menudo cabronazo, ¿cómo puede ser que no haya visto nada en los medios?

Cita de Guren

Lo de mercasevilla es mas bestia que eso... pero se ve que el psoe la esta liando por alli arriba

Cita de carrio

acerquense les elecciones bobu...

vaya tomadura pelo, espero q siga saliendo la noticia en los medios en plenes elecciones

Cita de lakai

Que va! no se habla del tema en ninguna cadena , es lamentable. Cascos lo dijo varias veces en los mitines que lo están ocultando , espero que salga en algún sitio antes de las elecciones.

La Sindicatura de Cuentas sufre un segundo robo de correos electrónicos


«Voxpopulis» vuelve a firmar el anónimo, que esta vez incluye mensajes sobre «Villa Magdalena» y sobre las oposiciones al cuerpo de auditores

En la noche del martes al miércoles, sobre las dos de la mañana, veintiséis correos de la cuenta institucional de una letrada de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias fueron reenviados de forma masiva por un usuario que accedió ilegalmente a esta cuenta. Los destinatarios son, en su mayor parte, medios de comunicación, juristas vinculados a la institución y organizaciones políticas, sindicales y empresariales. El «ladrón informático» acompaña el envío de correos con una carta de presentación que firma como «Voxpopulis», el mismo nombre que suscribía los e-mails robados hace justo un mes y dos días, el pasado 11 de marzo, relativos a conversaciones de la secretaria de la Sindicatura sobre el «caso Villa Magdalena».

Idéntica firma e idéntico «modus operandi», aunque con alguna diferencia. En aquella ocasión, el anónimo filtró los correos exclusivamente al Ayuntamiento de Oviedo, que los hizo públicos a través de una rueda de prensa del concejal Jaime Reinares. Y lo hizo con un monográfico. Esta vez los veintiséis correos hacen referencia a diversos asuntos. Hay un pequeño grupo de mensajes, nueve en total, relativos en su mayor parte a «Villa Magdalena». Es lo que «Voxpopulis» define como «Bloque manipulación», en los que, explica, «sólo a modo de ejemplo de los que hay se reenvía una serie de e-mails en los que se ponen de manifiesto las continuas injerencias en los informes de fiscalización, modificándolos, haciendo caso omiso a determinadas recomendaciones técnicas o dando instrucciones y órdenes para que otros hagan o cambien o pongan o quiten». En suma, y en tono similar a los correos dados a conocer hace un mes, son conversaciones entre técnicos de la Sindicatura en los que se debate de forma interna sobre el alcance que puede tener la fiscalización correspondiente al año 2007 del Ayuntamiento de Oviedo, si se debe o no entrar a analizar el convenio de resolución de expropiación de «Villa Magdalena», del año 2010, como precisa una técnica, o si hay o no indicios de responsabilidad contable al tratarse de un convenio expropiatorio que no se ha ejecutado todavía.

El grupo más numeroso de los correos robados ahora responde, sin embargo, a lo que «Voxpopulis» denomina «Trapicheo en la selección de personal» y que contienen comunicaciones entre técnicos de la Sindicatura y miembros del tribunal del concurso-oposición para cubrir las plazas de auditores del Principado. Estas oposiciones produjeron, según fuentes cercanas a la institución, cierto malestar interno, al quedar vacante la mayoría de las plazas, con sólo tres aprobados y dejando fuera a buena parte de los técnicos que trabajan en la Sindicatura, pero sin plaza, que también habían opositado. En todo caso, nadie impugnó el resultado.

Se da la circunstancia de que el robo de correos relativos a este asunto se produce a pocas semanas de que se celebre una nueva oposición para cubrir estas plazas.

«Voxpopulis» denuncia en su carta de presentación que los correos prueban que se falsean a posteriori actas ya elaboradas, que se facilitan filtraciones y que se favorece una selección arbitraria encaminada, asegura, a elaborar una plantilla «leal a intereses partidistas». Entre los comentarios reenviados, y que no se refieren al final de las oposiciones y sí a una fase intermedia del proceso, los miembros del tribunal se intercambian consejos sobre qué frases introducir en las actas para «evitar dar a entender que hemos "aprobado" a los cinco sin aparente justificación». Otros mensajes dan a entender algún tipo de petición de trato de favor para un familiar.

El último bloque, que «Voxpopulis» llama «Cachondeo», es sólo una foto privada de tres miembros de la Sindicatura en un bar después de un congreso en Galicia.

«Voxpopulis» despide su carta de presentación con una cita, sin acreditar, de la catedrática de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona Victoria Camps, que también fue senadora del PSC, que dice que «la democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción no puede haber una auténtica democracia». Tras ese entrecomillado, el anónimo «Voxpopulis» hace un último llamamiento y pide «valor y compromiso con la sociedad a la que deben servir por parte de intelectuales, juristas, funcionarios, periodistas, políticos, sindicalistas y organizaciones civiles libres de pensamiento, para luchar contra la corrupción independientemente de las siglas políticas de las que provenga».

«El único carné que pedimos los jueces es el de identidad»


«Con el secreto en el "caso Marea", la juez Pandiella intenta reforzar la reserva necesaria en este tipo de investigaciones»



07:47

PILAR MARTÍNEZ CEYANES Juez decana de Oviedo

Oviedo, L. Á. VEGA

La magistrada Pilar Martínez Ceyanes, titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de la capital asturiana, acaba de renovar por otros cuatro años como juez decana de Oviedo. Esta magistrada de 51 años, con una dilatada carrera que la ha llevado a diversos puestos como juez de instrucción o de lo penal en plazas como Bilbao, Barcelona y Castellón, defiende la actuación de la juez Ana López Pandiella en la instrucción del «caso Riopedre» e indica que el mantenimiento del secreto de sumario es necesario para la investigación. Rompe además una lanza por la independencia de los jueces «de infantería». «El único carné que pedimos los jueces es el de identidad», sostiene.

-¿Cuál es la situación de la justicia en Oviedo?

-Oviedo, y Asturias en general, es la perla de la justicia en España. Lo que ocurre es que también nos ha tocado la crisis económica y el aumento de la litigiosidad, que ha traído un aumento exponencial de los asuntos que no ha ido paralelo al aumento de jueces. Cuando digo que es la perla de la justicia, es por la calidad humana de los jueces y los funcionarios que trabajan en estos Juzgados, por la estabilidad de los magistrados. Yo tengo los mismos funcionarios desde que llegué aquí. Eso hace que el trabajo salga mejor que con una plantilla cambiante.

-¿En qué campos se está notando el aumento de asuntos?

-Quizá porque el período de crisis ya lleva unos años, están bajando los asuntos de la jurisdicción civil y laboral. Ahora suben, sin embargo, los asuntos de la jurisdicción contenciosa. El año pasado fueron los asuntos civiles los que crecieron, un 30 por ciento. También se incrementaron de forma exagerada los juicios por despido. Ahora eso ha cambiado. No sé si es que las empresas ya no tienen a quién despedir.

-Habla de un incremento de los asuntos contenciosos. ¿Podemos dar una cifra?

-Pues estamos hablando de unos 100 asuntos más que el año pasado por estas mismas fechas.

-¿Han notado un incremento de asuntos por la nueva legislación en materia laboral?

-No creo que esas reformas hayan tenido un efecto en los Juzgados. Cada vez hay más normas para la agilización procesal, y no todas ellas merecen mi aprobación.

-¿En qué sentido?

-La mayor parte de las reclamaciones contenciosas se resuelve ahora en una sola instancia, cuando la cuantía varía entre 12.000 y 50.000 euros. Al Supremo van las cuantías más elevadas. Que haya una sola instancia está bien cuando un número de asuntos que permite estudiar adecuadamente cada caso y que la solución que se adopte sea la más cercana a la buena. Cuando hay un caso difícil, prefiero que haya la posibilidad de un recurso y exista una instancia superior que revise la sentencia.

-¿Qué le parecen las críticas a la instrucción de la «operación Marea»?

-En realidad no he visto unas críticas fuertes contra la juez Ana López Pandiella. No me parece que sea algo raro que se mantenga el secreto del sumario. No hay que olvidar, por otro lado, que una investigación penal siempre es reservada, y que, aunque se levante el secreto del sumario, el contenido de esas pesquisas no tiene que salir a la luz. Será en el momento del juicio cuando los ciudadanos sepamos qué es lo que ocurrió.

-Pero hay quien no comprende que se prolongue la instrucción y se mantenga el secreto.

-La juez intenta reforzar la reserva que siempre tiene que haber en una investigación de este tipo. Hay que resaltar ante todo la presunción de inocencia de los implicados. Todo lo que se está diciendo sobre el caso no es muy adecuado, puesto que se desconoce el contenido de la investigación. La Audiencia ha dictado la puesta en libertad de Riopedre en base a la salud de este señor, además de mantener que no podría haber riesgo de fuga. Es el único aspecto que modifica de la resolución de la juez Pandiella, que mantuvo a los implicados en prisión por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Algunas opiniones que se transmiten atentan contra la independencia del juez. El único carné que pedimos los jueces es el de identidad. Si fuera del PP el político investigado, también se haría con total independencia.

-A los jueces se les achaca que no son independientes políticamente.

-La justicia «de infantería», como yo digo, no está politizada. Los jueces de base trabajamos y resolvemos conforme a nuestro leal saber y entender.

-La «operación Marea» se relaciona con un defectuoso control de los contratos públicos, sobre todo los menores, los que no requieren información pública previa. ¿Hay que incrementar las inspecciones?

-Los contratos públicos ya tienen un control importante. Están sometidos a la legislación europea y es difícil sustraerse a esa normativa. Pero podría incrementarse el control. Todo lo que sea aumentar la transparencia debe ser bienvenido. Esa medida que se está comentando ahora de publicar en una web los contratos menores quizá podría ser positiva.

Vaya a la casilla de salida


El traslado del caso a Oviedo abre la puerta a que los abogados puedan recurrir de nuevo las decisiones de la juez Pandiella

13:34 GIJÓN, R. GARCÍA

La «operación Marea» contra la corrupción podría volver a empezar prácticamente «de cero». O al menos eso es lo que esperan algunos de los implicados. Los abogados que defienden a los cinco asturianos imputados en este procedimiento penal, en el que se investigan irregularidades en adjudicaciones de contratos de la Administración del Principado, podrían solicitar al juez ovetense que asuma en los próximos días el caso la revisión de alguna de las decisiones tomadas por la magistrada que hasta la pasada semana se encargaba de las investigaciones, la gijonesa Ana López Pandiella. La inhibición ha abierto, por tanto, las puertas a la revisión del proceso contra la corrupción más importante abierto en Asturias.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial decidió el pasado viernes trasladar el proceso judicial a Oviedo por ser ésta la ciudad en la que se habían cometido los principales delitos. El fallo de los magistrados, contrario al criterio de López Pandiella, favorece las aspiraciones de los abogados defensores y de los representantes en este procedimiento de la fiscalía y del Gobierno del Principado de Asturias. Este cambio de rumbo puede incluso beneficiar a los imputados que se encuentran en prisión, ya que los abogados de la que fuera número dos de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y los de la jefa de servicio de Procesos Administrativos, Marta Renedo Avilés, podrían solicitar de esta manera al nuevo juez de instrucción el excarcelamiento de sus clientes, que en su día fue denegado por la Audiencia Provincial.

Dentro de este caso permanecen además en libertad bajo fianza el ex consejero de Educación del Gobierno regional José Luis Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín. Fuentes judiciales cercanas al caso señalaron ayer a este periódico que el magistrado que a partir de ahora se haga cargo del procedimiento «puede tomar las decisiones que considere oportunas». «La Audiencia Provincial de Asturias tiene unidad de criterio, pero en instrucción cada juez es rey en su propia sala y puede decidir lo que quiera», señalaron estas mismas fuentes jurídicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias aún no ha podido concretar, según sus portavoces, qué juez será el que lleve a partir de ahora el peso de la investigación en torno a la supuesta trama corrupta. El Juzgado decano de la capital del Principado será el encargado de asignar el proceso a uno de los cuatro Juzgados de instrucción ovetenses después de que la magistrada López Pandiella envíe a las salas judiciales de esta ciudad un testimonio de los autos.

De aplicarse el criterio por el que se establecen las guardias, el proceso judicial iría a parar a las manos de la segunda sala de instrucción, una posibilidad que dan por segura algunas de las fuentes cercanas a la investigación del caso consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. El Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, cuyo titular es el magistrado Ángel Sorando, investiga actualmente la denuncia presentada por el PP en relación a la adjudicación del proyecto para los minipisos de la Laboral, en Gijón.

El traslado físico de la causa podría producirse en días. De hecho, los funcionarios del Juzgado de instrucción de Gijón se encuentran actualmente foliando los documentos para su envío. La causa cuenta ya con más de 3.000 folios distribuidos en ocho tomos. La mayor parte de los documentos se refiere a las transcripciones de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los imputados.

Además, y como complemento a esos 3.000 folios de documentación, durante la última semana los directores de varios colegios de toda Asturias han tenido que remitir a la sala presidida por Ana López Pandiella los extractos bancarios en los que se reflejaban los «gastos de gestión» de los centros de los años 2009 y 2010. La juez exigía que en los documentos, que se debían remitir en setenta y dos horas, se refiriesen «las empresas o personas físicas que prestaron los servicios». Un nuevo paso en un procedimiento que, según los investigadores, «puede llegar a saturar el nuevo Juzgado que tenga que trabajar en él». No en vano, el juez que se encargue del caso tendrá que estudiar en días una investigación en la que Ana López Pandiella lleva ya trabajando ya más de un año, desde que en febrero de 2010 una cajera gijonesa denunciara en su Juzgado la suplantación de identidad que había sufrido: Marta Renedo Avilés había utilizado sus datos para abrir una cuenta bancaria en la que desviaba dinero público.

Sorando no descarta levantar el secreto de sumario del caso Renedo la próxima semana

TPA Noticias ha podido hablar con el magistrado que lleva el Caso Renedo, Ángel Sorando, que ha señalado que ya ha tenido tiempo de echar un rápido vistazo a los 65 tomos del caso y no descarta levantar el secreto de sumario la próxima semana.



Hace diez días que el magistrado Ángel Sorando recibió los más de 32.000 folios del sumario y desde entonces, y aprovechando que su juzgado estaba de guardia durante esta Semana Santa, no ha parado de trabajar.


Ya ha tenido tiempo para ver lo fundamental de los 65 tomos del sumario y no descarta levantar el secreto de las actuaciones la próxima semana.


A principios de mayo vence el plazo de 15 días que había establecido el juez para mantener el secreto y, aunque podría prorrogar el plazo, el magistrado no es partidario de mantener mucho tiempo los asuntos bajo esta figura jurídica.




De momento, la primera decisión que ha tomado Ángel Sorando ha sido pedir a la Sala de Gobierno de los jueces que exima a su juzgado de una parte del reparto de los asuntos, en concreto de las querellas. Teme que el sumario del caso Renedo, que ocupa una habitación entera, pueda colapsar el trabajo de su juzgado.


De lo analizado hasta ahora, el magistrado ya tiene una visión general y, en principio, no cree probable que el caso pueda dividirse en partes como solicita alguno de los abogados.

La gestión de Marroquín de Venturo XXI fue «ruinosa y negligente», según el juez


El juez rechaza que Reinares atentara contra el honor de la candidata socialista por hablar de «saqueo de las arcas públicas» en la empresa
La sentencia reprocha a la portavoz del PSOE que «subvencionara a su propio marido» cuando era directora general de Formación Profesional


L. S. NAVEROS La candidata socialista a la Alcaldía, Paloma Sainz, y su marido, el ex director del IDEPA Víctor Manuel González Marroquín, han recibido un duro varapalo judicial por la gestión que ambos hicieron, desde sus respectivos cargos públicos, en la empresa de cartografía Venturo XXI, actualmente en concurso de acreedores. La sentencia ha sido dictada por el titular del Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo, José Manuel Raposo Fernández, que en ella desestima una demanda de protección al honor presentada por la propia Paloma Sainz contra el concejal y diputado del PP Jaime Reinares, que acusó públicamente al matrimonio de haber «saqueado las arcas públicas» en Venturo XXI.

El juez no sólo desestima la demanda de Sainz y le impone el pago de las costas judiciales, además hace un exhaustivo análisis de la gestión y las responsabilidades de ambos dirigentes socialistas en la trayectoria de la polémica empresa, con unas conclusiones demoledoras. El magistrado justifica este análisis en la necesidad de aclarar si las manifestaciones de Reinares, publicadas en este periódico, eran injuriosas o se basaban en la realidad y estaban amparadas por la libertad de expresión. Concluye que tanto en las acusaciones contra Sainz como en las que hizo contra su esposo, González Marroquín, Reinares se apoyaba en «un sustrato de verdad».

Respecto a la candidata socialista y actual portavoz municipal, el juez analiza las decisiones adoptadas por Sainz cuando era directora general de Formación Profesional, un cargo político que dependía del Gobierno regional. Entre otros cometidos, señala la sentencia, Sainz debía informar sobre si procedía o no otorgar a las empresas subvenciones a la formación, que incluían la obligación de contratar a parte de los alumnos. Y en el caso de Venturo XXI, Sainz informó favorablemente la concesión de varias subvenciones, por una cuantía que la sentencia cifra en 193.221 euros, pese a que su marido era miembro del consejo de administración de la sociedad y su principal promotor, según el fallo, que puntualiza que Venturo XXI dio pérdidas desde su creación, y que «contrataba personal que, en realidad, no necesitaba». El juez reprocha a Sainz que informara sobre las subvenciones a esta empresa, en vez de abstenerse, «lo que inexplicablemente no hizo». «Y no cabe oponer que ella ignorase que estuviese subvencionando a su propio marido», subraya el fallo judicial, que concluye que «fue la propia reclamante, infringiendo su deber de abstenerse en las circunstancias descritas, la que abrió la puerta a toda clase de insinuaciones, especulaciones y sospechas».

A continuación, el juez Raposo analiza con todo detalle la gestión de Víctor González Marroquín en Venturo XXI, de la que hace un retrato demoledor. Tras detallar cómo nació la empresa, creada por los hermanos Manuel y José Antonio Coronado, analiza la composición de las acciones, en las que junto a estos hermanos estaban varias sociedades públicas, vinculadas a Marroquín, como el IDEPA o la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras. Y concluye que «el hilo conductor» de todas esas empresas, que acaba con el nacimiento de Venturo XXI, es el propio Marroquín: «Puede afirmarse que Venturo es una idea, un proyecto y una creación personal del señor Marroquín, y fue él quien consiguió atraer hacia este proyecto todo el dinero público, del Principado de Asturias y del Estado, que se invirtió en la nueva compañía cartográfica». Hace mención el fallo a la amistad que unía a Marroquín con los Coronado, que considera «acreditada», y que Sainz no negó en el procedimiento judicial.

Tras enumerar las pérdidas que acumuló año tras año durante toda su existencia, que acabaron con su cierre por concurso de acreedores con una deuda de más de 5 millones de euros, el juez se pregunta «si hay algún motivo que pueda dar un poco de sentido a unos resultados tan desastrosos». Y afirma que encuentra la explicación en los informes elaborados por los administradores concursales. «De ellos se desprende que la creación de Venturo no fue precedida de un estudio serio y riguroso sobre su viabilidad, no hubo un estudio mínimamente sensato». Y añade que «puede afirmarse que la sociedad no nació cimentada en la realidad ni en criterios empresariales, sino sobre la base de la ilusión, el optimismo y las aspiraciones de grandeza de los que promovieron, alentaron y consintieron su creación». Los gastos eran, según su relato, desmedidos y había exceso de personal.

El juez Sorando sopesa levantar el secreto de la «operación Marea» la semana que viene


«No soy amigo de prorrogar estas situaciones más de lo razonable», señala el magistrado, que durante esta Semana Santa ha tenido tiempo de estudiar «lo fundamental» del caso


Oviedo, L. Á. VEGA

El magistrado Ángel Sorando Pinilla, titular del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, en el que ha recaído la instrucción de la «operación Marea» tras la inhibición de la juez gijonesa Ana López Pandiella, sopesa levantar la semana que viene el secreto que pesa sobre las actuaciones.

Sorando se había planteado un plazo de quince días para analizar este caso de contrataciones irregulares en la Administración regional y decidir sobre esta cuestión. Cualquier juez incurriría en una infracción si comentase las decisiones que está a punto de adoptar. Es por eso que Sorando no está dispuesto a adelantar la decisión que adoptará. No obstante, el magistrado tiene su propia opinión sobre este tipo de coyunturas procesales. «No soy amigo de secretos, no me gusta prorrogar estas situaciones más de lo razonable», indicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA.

El magistrado aseguró que ha tenido tiempo, durante esta Semana Santa, de analizar «lo fundamental del sumario» para hacerse una idea cabal sobre el mismo. Durante estas vacaciones, el magistrado ha estado de guardia, por lo que ha tenido tiempo suficiente para echar un vistazo somero al sumario, integrado por 32.000 folios distribuidos en 65 tomos, entre los que se cuentan todo tipo de documentos, desde transcripciones de escuchas telefónicas a facturas.

Han sido las defensas y el Gobierno regional quienes han solicitado que se levante el secreto. En el caso de las primeras, quieren conocer el alcance de las diligencias practicadas por la juez Pandiella, en aras del derecho de defensa. Tanto la defensa como la familia del anterior consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, han mantenido que la prolongación del secreto de sumario le deja en la más absoluta indefensión.

Al Gobierno regional le interesa a su vez conocer el alcance de la trama de adjudicación irregular de contratos que salpica a la Administración regional. También desde instancias extrajudiciales se ha pedido el levantamiento del secreto del sumario. Así lo hizo el secretario general del PSOE de Gijón y concejal, José Manuel Sariego, y también Carlos Madera, ex director general de Promoción Cultural, que fue jefe durante siete años de la funcionaria Marta Renedo, una de las encarceladas a consecuencias de estas investigaciones. Además de Renedo, se encuentra en Villabona María Jesús Otero, ex número dos de la Consejería de Educación. En libertad bajo fianza están el ex consejero Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín.

El ministerio público ha respaldado hasta ahora la decisión de mantener el secreto de las actuaciones mantenidas por la anterior instructora desde el principio de las investigaciones, hace 16 meses. No obstante, eso no impidió que la fiscalía solicitase varias veces que el caso pasase a ser instruido por un juez de Oviedo, al ser en esta ciudad donde presuntamente se cometieron los actos delictivos.

El levantamiento del secreto no implicaría que las actuaciones vayan a hacerse públicas, sino que se daría traslado a las partes personadas. Entre las posibilidades que tiene a su alcance el juez Sorando está la de mantener el secreto, o dar traslado tan sólo de una parte del sumario. Es posible que acompañe su decisión de un auto, que podría aportar datos sobre las actuaciones.

El juez Ángel Sorando deberá decidir además si mantiene en prisión a la ex funcionaria regional Marta Renedo, cuyos deslices permitieron iniciar la investigación, y a María Jesús Otero, cuyo encarcelamiento se antoja a sus defensas discriminatorio toda vez que tanto Riopedre como los empresarios implicados en la trama han logrado eludir la prisión con fianzas.

El juez Sorando estudia levantar el secreto de sumario del caso Renedo en una semana

El magistrado aprovechó la guardia de Semana Santa para ver lo fundamental de los 32.000 folios de la instrucción



26.04.11 - 03:24 - O. VILLA | GIJÓN.

El magistrado que acaba de asumir la instrucción del 'caso Renedo', Ángel Sorando, dio muestras ayer de tener ganas de agilizar la resolución del caso. En declaraciones efectuadas a la televisión autonómica asturiana, el juez explicó que en los diez días transcurridos desde que recibió los 65 tomos (32.000 folios) del sumario ya ha podido echarles un rápido vistazo y que estudia la posibilidad de levantar el secreto de sumario del caso la próxima semana.


La decisión tiene más trascendencia de lo que a ojos legos en Derecho pudiese parecer a primera vista. Se trata, fundamentalmente, de que los cinco imputados en el caso puedan conocer cuáles son las acusaciones exactas que hay contra ellos, así como las pruebas que existen en su contra. Estos dos aspectos son esenciales para que los abogados que ejercen sus defensas puedan preparar su argumentación sin que se dé lugar a indefensión por parte de los imputados.
Además, esto permitirá saber el grado de implicación de cada uno de los imputados en la supuesta trama, o bien si dicha implicación no es tal.


Evidentemente, diez días no son el tiempo suficiente para que el juez haya examinado a fondo la totalidad del sumario, si bien, aprovechando que su juzgado estaba de guardia durante la pasada Semana Santa, el magistrado no ha parado de trabajar, de forma que ya ha tomado nota de los hechos fundamentales.


El propio juez Ángel Sorando había adelantado que habría un plazo de medio mes para mantener o no el secreto de sumario, y aunque el magistrado está dotado de facultades para ampliar dicho plazo, en general no es partidario de mantener los asuntos a su cargo bajo esta figura jurídica, destinada a que el juez se pueda hacer una idea cabal de las acusaciones dificultando a la par que la defensa del imputado pueda alterar pruebas o mediatizar a testigos.


Ángel Sorando es muy consciente de la relevancia jurídica y política del caso, así como de su repercusión mediática, de forma que, en la medida de lo posible, lo ha situado como su prioridad y, de hecho, la primera decisión que ha tomado el magistrado consiste en pedir a la Sala de Gobierno de los jueces que exima a su juzgado de parte de los asuntos que normalmente se le adjudican en los repartos, concretamente, de las querellas. Incluso con esa medida, es concebible que la tramitación del sumario del 'caso Renedo' pueda ralentizar la normal evolución del trabajo del juzgado del que es titular Sorando.


Sorpresa y satisfacción


Las declaraciones del magistrado Ángel Sorando, al producirse el primer día hábil después de la pausa vacacional de Semana Santa, causaron sorpresa entre los abogados de las partes del caso. El letrado de la exdirectora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, Ángel Bernal, explicó que «no tiene sentido prorrogar el secreto de sumario. Si lo levanta, sería la decisión previsible, y algo muy sensato», porque para los abogados defensores el hecho de no conocer las imputaciones exactas que contiene el sumario implica «que no parezca posible tomar decisiones, de forma que una vez que se levante el secreto de sumario y todo esté asentado, las tomaremos», explicó, en tono relajado y con cierta evidente satisfacción por lo que parece un avance en la tramitación judicial».


La incomodidad que produce el secreto de sumario es palmaria en el caso de Luis Tuero, defensor de Marta Renedo, que precisó que «no he recibido absolutamente ninguna notificación todavía, y la celeridad en el levantamiento del secreto de sumario será un bien para todos». Sin hacer referencia directa a la anterior instructora del caso, la jueza Ana López Pandiella, Tuero sí apuntó que el posible levantamiento del secreto de sumario es una «muy buena noticia. Es loable la capacidad de trabajo del juez Sorando. Estoy absolutamente impresionado».


En la misma línea se expresó el abogado del Gobierno regional en el caso, Juan Serra, que calificó la previsible decisión de Sorando de «buena noticia, porque esto nos permitirá ver de una vez cuáles son los cargos, y a cada parte le facilitará la posibilidad de articular su argumentación». A Serra se le planteó la circunstancia de que la aparente aceleración de la tramitación del sumario coincide con fechas preelectorales, pero de forma inmediata dejó bien sentado que «Ángel Sorando no pertenece a ninguna camarilla. No ha lugar a ninguna lectura en clave política. Él jamás se involucraría en cuestiones político-mediáticas», subrayó. Y apuntó, para finalizar, que el levantamiento del secreto del sumario «igual es bueno para alguno de los imputados».

Cita de lakai

Cajastur hace mucho que va de la mano de Areces and company

Lo de LNE no tiene nombre , primero censura las pocas noticias que ponen sobre Cascos y ahora ya han chapado también en las de la Operación Marea. Gran daño están haciendo al FAC poniendo únicamente noticias oscuras sobre Cascos , lamentable me parece , ni que fueran La Voz (de Asturias....) , otro chiringuito que se va a ir a tomar por culo( menudas subvenciones tiene el periodico , puff) que maneja Ga-vino. Ya hace unos cuantos días que paso de leer LNE , se merecen un gran trolleo, ya iré pensando

El juez imputa a tres ex alcaldes de Cabrales por prevaricación y malversación de fondos


Tomás Fernández, que ya dimitió, Juan Ángel Bustillo y Antonio Pérez Prieto van ahora en las listas del PSOE, del PP y de Foro Asturias, respectivamente



Arenas de Cabrales,
R. AJA / R. DÍAZ

Tres ex alcaldes de Cabrales, Juan Ángel Bustillo (PP), Antonio Pérez Prieto (ex del PP, ahora en Foro Asturias) y Tomás Fernández (PSOE) han sido imputados por el juez por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los tres tendrán que declarar en el Juzgado de Llanes el próximo 2 de junio. El juez ha atendido la denuncia de la Fiscalía, que, tras examinar la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, ha concluido que Pérez Prieto, entonces alcalde y portavoz del PP y ahora candidato de Foro Asturias a la Alcaldía, y Tomás Fernández, entonces portavoz del PSOE, pactaron la contratación simulada de Bustillo, en aquel momento concejal y teniente de alcalde y ahora diputado regional y «número dos» del PP a la Junta General por la circunscripción oriental. El acuerdo nunca fue ratificado por el Pleno de la Corporación, ni se publicó en ningún boletín oficial, como exige la ley.

Según el fiscal, el acuerdo entre los portavoces de PSOE y PP persiguió «favorecer» que Bustillo siguiera de alta en la Seguridad Social mediante un artificio contable: el Ayuntamiento pagaba la cotización, pero el concejal no cobraba el sueldo (figuraba como gasto mensual de personal, pero se apuntaba automáticamente como ingreso patrimonial). Esta conducta se prolongó desde el 3 de abril de 2004 hasta el 16 de junio de 2007. En octubre de 2009, el actual alcalde, el socialista José Vicente del Carmen Bustillo, incoó un expediente de reintegro de pagos indebidamente abonados y solicitó a la Seguridad Social la devolución de las cuotas a cuenta de Bustillo. La Seguridad Social denegó la petición al considerar que las cuotas habían sido ingresadas «de forma maliciosa» y con la «evidente intencionalidad» de dar «apariencia de legalidad» al alta «indebida de Bustillo».

El fiscal estima que, aunque obra en las arcas municipales el total de las nóminas de Bustillo, falta por abonar las cantidades ingresadas por el Ayuntamiento en la Seguridad Social y en concepto de IRPF, que suman 51.435,05 euros.

Tomás Fernández presentó ayer su dimisión como número 7 de la candidatura del PSOE a la Alcaldía. Juan Ángel Bustillo y Antonio Pérez Prieto señalaron ayer que no habían recibido ninguna notificación y que desconocían su imputación.

Igrafo cerrará mañana sus tiendas de Oviedo y Gijón

Ana Rosa Migoya pide que se deje trabajar al nuevo juez instructor para que haga su labor «de la mejor manera posible»



28.04.11 - 03:07 - LAURA MAYORDOMO | GIJÓN.

Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo) cerrará mañana las dos tiendas que mantenía abiertas al público en Oviedo -en la calle Fuertes Acevedo- y Gijón -calle Menéndez y Pelayo-. La decisión del cierre llega después de que la empresa -con una deuda reconocida de 7,2 millones de euros- solicitara el pasado 18 de febrero, ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, los trámites para ser declarada en concurso de acreedores. Su petición fue admitida a principios de abril. Desde entonces está en concurso de intervención, lo que supone que su director general, Víctor Manuel Muñiz, puede seguir tomando decisiones sobre la actividad empresarial, pero siempre bajo la supervisión de los administradores concursales designados por el juez.


A esta delicada situación llega la empresa después de que su propietario, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, fuera detenido en el marco del 'caso Renedo' por su supuesta participación en la trama de adjudicaciones de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Muñiz, imputado por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, está en libertad provisional bajo fianza de 150.000 euros, al igual que el otro empresario supuestamente implicado: el dueño de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez.


A principios de año, antes de que saliera a la luz el conocido como 'caso Renedo', Igrafo contaba con una plantilla de 49 empleados. Poco después de las detenciones de los dos empresarios, de la funcionaria Marta Renedo, del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y de su 'número 2', María Jesús Otero, la firma despidió a seis trabajadores. La decisión de cerrar ahora las dos tiendas de Oviedo y Gijón supone que los empleados de ambos establecimientos también pierden sus puestos de trabajo.


Igrafo, creada en 1978, sigue manteniendo instalaciones de almacén, exposición y venta en el polígono de Asipo. El grupo de mobiliario y suministros cuenta con otras dos empresas bajo su paraguas, Representaciones Santofirme S.A. y Darro-Import S.A., ambas con activos propios valorados en 2,1 millones, según las últimas cuentas presentadas ante el Registro Mercantil.


«El mayor escándalo»


Al 'caso Renedo' y las muchas incógnitas que -mientras se mantenga el secreto de sumario- planean sobre él se refirió ayer el candidato a la Presidencia del Principado por Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos. Éste es «el mayor escándalo de la historia de Asturias», sostuvo el exministro del PP, quien también criticó que «ni los compañeros de grupo parlamentario de Riopedre ni su buen amigo Vicente Álvarez Areces han explicado todavía qué ha pasado en la Consejería de Educación».


La portavoz del Gobierno regional, Ana Rosa Migoya, insistió por su parte en que «cuando se produzcan novedades diremos lo que tengamos que decir, pero de momento no podemos pronunciarnos».


Migoya optó por no hacer ningún comentario sobre la posibilidad de que el juez Ángel Sorando, que recientemente asumió la instrucción del caso, levante en los próximos días el secreto de sumario. Se limitó a pedir que se deje trabajar al juez para que haga su labor «de la mejor manera posible» y subrayó que, desde el Gobierno regional, siempre han sido «absolutamente respetuosos con la Administración de Justicia».

La Audiencia levanta parcialmente el embargo a los empresarios de la «operación Marea»


Igrafo sale del concurso tras respaldar la mayoría de acreedores un plan de viabilidad l La firma concentra sus servicios en Asipo y cierra su tienda de Gijón



08:53

Oviedo, L. Á. VEGA
La juez Ana López Pandiella, anterior instructora de la «operación Marea», negó a los empresarios implicados en este caso por irregularidades en contrataciones del Principado, Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, que accediesen a una parte de sus bienes embargados con el fin de sufragar sus gastos de subsistencia. Los letrados Miguel Valdés-Hevia (Igrafo) y Javier Díaz Dapena (Almacenes Pumarín) recurrieron la decisión de la juez y un auto de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, les ha dado finalmente la razón, al levantar parcialmente el embargo para que los empresarios puedan disponer de cierta cantidad mensual, que no ha sido desvelada.

El auto de la Audiencia sostiene que no hay necesidad de embargar todos los bienes y que deben establecerse claramente las responsabilidades. Esta pequeña victoria de los empresarios se suma a la que ya obtuvieron con la reducción a la mitad de la fianza de 300.000 euros impuesta por la anterior juez.

No es la única noticia positiva para estos empresarios. Igrafo, con una deuda de 7,2 millones de euros, ha salido técnicamente del concurso de acreedores en el que estaba inmersa desde el pasado mes de febrero después de que un 63 por ciento de los acreedores hayan respaldado un plan de viabilidad de la empresa. Ayer finalizaba el plazo para la presentación ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo del plan de viabilidad y de la propuesta de convenio, que debían ir acompañados de las adhesiones de los acreedores que representasen al menos el 20 por ciento del pasivo. A continuación se abriría un plazo de 20 días para sumar adhesiones hasta llegar al 50 por ciento de la deuda. El plan de viabilidad ha obtenido no sólo el 63 por ciento de respaldo, sino puede obtener más adhesiones en breve, hasta el 70 por ciento de la deuda. De esta forma, la empresa se ha adelantado a los plazos legales.

Entre las medidas incluidas en el plan de viabilidad se encuentra la reagrupación de la actividad en la sede principal de la empresa, situada en el polígono de Asipo (Llanera), por razones de eficacia y economía de gastos. Igrafo cerrará hoy su tienda en Gijón y transformará la de Oviedo en exposición.

La Policía grabó a Riopedre preguntando a un empresario por un trabajo para su hijo


l El juez Sorando levanta el secreto sobre parte de las actuaciones al no haber ya escuchas y no ponerse en riesgo «la investigación en curso»
l El ex consejero de Educación es aludido en conversaciones por otros investigados como conocedor de la supuesta trama de contrataciones


02:55

P. GONZÁLEZ /L. Á. VEGA / R. GARCÍA Oviedo,


El juez Ángel Sorando levantó ayer el secreto del sumario de la «operación Marea», eso sí, parcialmente, puesto que hay una parte de las investigaciones sobre las irregularidades en la contratación del Principado que el magistrado quiere preservar al encontrarse «en curso». Varios abogados pudieron leer ayer en sede judicial los quince primeros tomos del sumario, los más relevantes, que incluyen unos 3.000 folios. Se han encontrado, por ejemplo, con la piedra de toque de la imputación que pesa sobre el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. Una conversación con Víctor Manuel Muñiz, propietario de la empresa Igrafo, en la que Riopedre le pregunta por un trabajo para su hijo, E. I. G., interrogado por la Policía en relación a estos hechos.

Fuentes conocedoras del caso opinaron que al ex consejero podría imputársele como mucho de cohecho impropio (la misma acusación que pesa sobre el presidente valenciano, Francisco Camps). Al fin y al cabo, añaden las mismas fuentes, Riopedre y Muñiz son amigos desde hace treinta años, como comentó el segundo a LA NUEVA ESPAÑA, y no sería por tanto tan extraña un petición en este sentido. En otras conversaciones del sumario grabadas por la Policía, algunos de los investigados sí aludieron al conocimiento que tendría el ex consejero de la supuesta trama de contrataciones ilegales.

Para Ángel Sorando ya no hay riesgo para la investigación en lo que se refiere a los cinco imputados (Riopedre, la ex directora de Planificación y Centros María Jesús Otero, la ex funcionaria Marta Renedo y los dos empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín), puesto que ya no hay escuchas telefónicas en curso. De hecho, según se desprende del sumario, las grabaciones de la Policía a estos imputados cesaron en junio de 2010, cuatro meses después de iniciarse la investigación tras descubrirse que Marta Renedo había abierto una cuenta usurpando la identidad de una joven gijonesa. Cabe inferir, a la vista del auto de levantamiento del secreto sumarial, que el instructor cuenta ya con elementos suficientes respecto a la actuación de los cinco imputados. Se mantiene el secreto respecto a algunos flancos de la investigación que podrían dar lugar a nuevas imputaciones.

El sumario abunda en las supuestas operaciones fraudulentas de María Jesús Otero (quien recibió dinero de Almacenes Pumarín por la supuesta venta de un piso en Llanes) y también recoge conversaciones en las que proveedores del Principado se jactan de tener entrada en otras administraciones, como ministerios y alcaldías, al tiempo que hacen cálculos sobre cómo afectará a sus negocios el resultado de las próximas elecciones.

El levantamiento del secreto cogió a alguno de los abogados con el pie cambiado. Hasta el Juzgado número dos sólo se acercaron Javier Díaz Dapena, abogado de Almacenes Pumarín; Ángel Bernal, defensor de María Jesús Otero, y Juan Serra, Letrado del Principado, acompañado de miembros del servicio jurídico de la Administración regional. Los abogados pudieron leer los tomos hasta las dos de la tarde, hora a la que fueron informados por los funcionarios de que había finalizado el horario de atención al público.

La falta de personal suficiente para volcar todo el sumario a formato digital ha hecho que el juez Sorando solicite formalmente el apoyo de la Dirección de Justicia del Principado, que subcontratará el escaneado de los 32.000 folios, distribuidos en 65 tomos. Fuentes del Principado indicaron que esta operación no podrá llevarse a cabo hasta el próximo martes, de forma que, como muy pronto, el sumario estará en manos de las partes personadas el próximo miércoles. A partir de ese momento podrán presentar alegaciones con conocimiento de causa con respecto a la solicitud de excarcelación planteada por las defensas de María Jesús Otero y Marta Renedo a lo largo de esta semana. Después del levantamiento del secreto, la decisión de mantener o sacar de la cárcel a las mujeres imputadas en este caso será la primera que deba tomar el juez del caso.

Los letrados de ambas han pedido su excarcelación, negada por la anterior instructora, Ana López Pandiella. Consideran que ambas están arraigadas, que ha desaparecido la posibilidad de destrucción de pruebas y que no existe riesgo de fuga.

Cita de rank

Por un momento abandonamos Asturias y vamos a la vecina Galicia. Para ver como se las gasta psoe (y pp).

http://www.orfeu.es/2011/03/22/la-bi...a-cosilla-mas/

Cita de carrio

increible

Cita de Parralhu

Grandes políticos y grandes leyes hay en España.

Da gusto saber que nos gobierna gente honrada.

Cita de castelo

Al final, en cualquier caso de corrupción (repito, CUALQUIERA) vas a encontrar metidos a la basura PPSOE. Sea el tema de Asturias, la "villa PSOE" (y que acertadamente ya habrá que denominar villa PPSOE) en Arousa, los ERES de Andalucía...e incluso la corrupción en la diputación de Castellón.

Y el problema es que tenemos una prensa de partido que sólo saca los escándalos en función de cómo perjudican al adversario político y no pensando en el bien de la comunidad y de la nación. Qué asco

Cita de castelo

Por cierto rank....sigue así . Eres el único forocochero que está sacando mierda de todos sin importarte el carné de partido, y en cierta medida recuperas el espíritu original que había por aquí, antes de que los trolls al servicio de los diferentes partidos se hicieran un lugar en los debates políticos del foro.